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SAT quiere encarcelar a contadores que encubran a contribuyentes incumplidos

La propuesta incluida en el Paquete Fiscal 2022 podría poner en riesgo la independencia de los auditores y su libertad, indican expertos.

¿Por qué Hacienda quiere encarcelar a los contadores? / Foto: Pexels.¿Por qué Hacienda quiere encarcelar a los contadores? / Foto: PexelsCréditos: Pexels
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Este 4 de octubre, los contadores públicos mexicanos manifestaron su preocupación por una de las propuestas que hizo la autoridad fiscal, en la que estos profesionales podrían ser encarcelados si no acatan las nuevas disposiciones que se contienen el Paquete Fiscal 2022, que fue presentado ante el Congreso el 8 de septiembre. Te contamos lo que debes saber.

¿Por qué Hacienda quiere encarcelar a los contadores?

En este documento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quiere obligar a los contadores a delatar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales o que tengan una conducta ilícita. Y en caso de omitir esta disposición, el profesional contable podría ser suspendido, o enfrentar una pena de cárcel de hasta seis años.

¿A quienes afecta esta propuesta?

Asimismo, la disposición estaría centrada en los profesionales que auditen los ingresos de personas morales, en específico a aquellas empresas que percibieron más de 876 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior.

Aún no es obligatorio pero podría ser realidad en 2022

De esta manera, para introducir esta nueva obligación, la iniciativa legislativa de la dependencia propone reformar el Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En ese sentido, el párrafo definiría que el auditor debe avisar al Servicio de la Administración Tributaria (SAT) cuando conozca, tras un dictamen, “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”.

Si es aprobado el proyecto de ley en el Congreso, la obligación entraría en vigor en 2022 y fijaría sanciones como penas de privación de la libertad de tres a seis años, o suspensión en el Registro de Contadores Públicos por tres años.

“Con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, explicó en comunicado del IMPC.

No todos están de acuerdo. Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es necesario que esta propuesta se modifique, debido a que no es “acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”. Dicha disipación pondría en riesgo la independencia de los auditores y su libertad, incluso les atribuye conocimientos propios de abogados y le hace responsable de una falta que en realidad cometió el contribuyente, explica el gremio.

“De aprobarse en el poder legislativo dichas obligaciones, el auditor, es decir, el Contador Público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas”, agregó el gremio.

De igual manera, el instituto enfatizó que a los contadores no se les puede atribuir funciones de perito, ya que no están calificados así en el código aduanero. Insistió en que un fallo técnico podría comprometer su actividad o condenarles, si se aprueba la iniciativa.

“Con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran ser detectados”.

Pese a que “consideran positivas” algunas de las iniciativas del Paquete Fiscal 2022, “cuyo objetivo es combatir frontal y decididamente la evasión fiscal”, el instituto exhortó a las autoridades a ajustar el proyecto de ley antes de que sea votado en el Congreso de los Diputados.

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