La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una demanda colectiva en contra de Apple, donde se acusa al gigante tecnológico de malas prácticas comerciales al vender sus iPhone 6 con obsolescencia programada, con lo cual afectó a 400,000 usuarios.
Según la organización, la empresa "ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios”, lo que supone vulnerar la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
¿Qué es la obsolescencia programada?
La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. En ocasiones es demasiado caro repararlos, otras veces es imposible encontrar la pieza de repuesto o fueron diseñados para no ser desmontados.
Esto ocurre porque los fabricantes calculan y planifican el tiempo de vida de sus productos, con el objetivo de reducir deliberadamente su utilidad y con ello incitar a las personas a comprar uno nuevo.
¿En qué consiste la demanda?
OCU considera que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para ocultar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos.
“Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” un hecho que les empujó a cambiar de modelo”, explicó el OCU en un comunicado.
La organización señala que Apple, de manera deliberada, condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
Apple deberá de compensar a cada uno de los afectados
OCU solicita a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que los usuarios se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca.
Por todas estas razones, la organización está solicitando una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
Asimismo, en su comunicado OCU informa que asumirá el gasto de la demanda, pues pagará los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados que poner nada de sus bolsillos.
Igualmente, explica que en caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir ningún costo. “OCU confía en que la justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general”, se lee en el comunicado.
“Con esta acción OCU planta cara a las prácticas injustas y engañosas que tienen como finalidad acortar la vida útil de los dispositivos”.
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